Es el Bienestar, Estúpido.

En los últimos meses estamos asistiendo a un apasionado debate que, por desgracia, no se ha trasladado al resto de la sociedad. España se encuentra en una situación inédita en su historia económica: un superávit presupuestario conseguido no sin esfuerzos y gracias a la más larga etapa expansiva de la historia reciente Paralelamente, se anuncia la próxima reforma fiscal del gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.

Desde el gobierno se anuncia un mayor esfuerzo de consolidación de las cuentas públicas, así como una reducción en la fiscalidad a través de la bajada del IRPF. Dichas medidas no son demasiado diferentes de las emprendidas por los sucesivos gobiernos de España desde mediados de los 90.
A través de los compromisos adquiridos mediante la firma del tratado de Maastricht, el sector público español vio estancarse su peso en la economía, al tiempo que se reducía el déficit público y el gasto social en relación al PIB. Ha sido la mayor recaudación de impuestos, la congelación del gasto y la reducción de los tipos de interés en Europa los que han generado el superávit actual. Esta situación se ha presentado por el gobierno como un aspecto positivo de nuestra economía, pero se trata de un motivo de reflexión y propuesta por parte de los y las progresistas.

En nuestra opinión, el superávit presupuestario de la economía española debe utilizarse, fundamentalmente, para mejorar nuestro Estado de Bienestar, así como dotar de recursos suficientes a la nueva ley de dependencia, cuarto pilar del Estado de Bienestar. Y lo justificamos con dos tipos de argumentos: económicos y políticos.

Comencemos por los argumentos económicos: la convergencia con Europa no debe ser tan sólo nominal, sino basada fundamentalmente en aquellos indicadores más fiables del grado de satisfacción de las necesidades de la sociedad. Durante los años de gobierno del Partido Popular sufrimos un estancamiento de las políticas de gasto social, traducido en un empeoramiento de la calidad y cantidad de los servicios públicos en relación con el resto de los países de nuestro entorno. La educación fue un ejemplo claro, con un progresivo descenso en su calidad durante toda la década de los 90. Los nuevos retos, como la escolarización de cientos de miles de niños inmigrados o la puesta en marcha de los nuevos planes educativos a través de la LOGSE no recibieron los recursos necesarios. Como consecuencia, los niveles educativos de los escolares españoles están entre los peores de la OCDE. Y eso gracias a que existe en España una amplia aceptación de la educación privada y concertada como medio para escapar de este círculo y escolarizar a nuestros hijos, aún a costa de grandes sacrificios por parte de las familias. Los que no tienen recursos, sencillamente siguen llevando a sus hijos a las escuelas públicas. Con las pensiones y la sanidad no hubo tal recorte, pero sí una congelación de su peso en el total del PIB. En el programa electoral del PP en el año 93 se hablaba de privatizarlas pero los hábiles analistas políticos del Partido Popular entendieron que aquella propuesta perjudicaba seriamente sus aspiraciones de gobernar y se comprometieron a no reducir los servicios (pero no a mejorarlos).

En un segundo plano, el control de la inflación ha sido un argumente frecuentemente empleado para convencer a la sociedad de la necesidad de apretarse el cinturón. De ello se ha derivado el consecuente ajuste presupuestario. En un contexto de economías abiertas, es el tipo de interés el mecanismo de ajuste más relevante. Junto a este y, a largo plazo, es la mejora de la productividad de la economía la que garantizará un crecimiento no inflacionario. Y para ello, partidas de gasto público como la I+D son imprescindibles. La economía española presenta aumentos de precios históricamente bajos si tenemos en cuenta la larga etapa expansiva y el contexto de aumento de los precios de la energía. La gran excepción es el precio de la vivienda, cuyo aumento tiene que ver con más con la especulación inmobiliaria y una escasa protección del derecho a una vivienda digna.

Si nos detenemos en los argumentos políticos, lo primero que hay que decir es que los ciudadanos y ciudadanas que devolvieron el poder a la izquierda lo hicieron pensando que ésta mejoraría el gasto social y el bienestar, no en que bajaría los impuestos. El motivo está claro: si fuera así, hubieran votado a la derecha. Y no lo hicieron. La izquierda has sido tradicionalmente más fuerte allí donde sus políticas han sido más reconocibles por parte de los votantes. Para una aceptación mayoritaria de los servicios públicos es imprescindible que sus niveles de calidad estén a la altura de las clases medias, por lo general más exigentes y capaces de buscar alternativas en el sector privado. Es la aceptación generalizada de unos servicios de calidad la que posibilitará el mantenimiento de la izquierda en el poder y le permita llevar adelante programas de transformación de la sociedad. Dicho de otro modo, hay que ser valiente.

Si no dotamos a nuestras leyes de recursos suficientes, su aplicación será deficiente. Son las clases populares, las más necesitadas de toda una red de apoyos que les permitan el pleno despliegue de sus potencialidades. La izquierda, que gana la confianza de la sociedad con la promesa de la mejora de estos servicios, no debe defraudar a quienes nos otorgan su voto. Es la derecha la que desdeña el ámbito de lo público. Y es capaz de convencer a la mayoría de la sociedad cuando se no ésta no percibe que sus impuestos financian políticas justas u ofrecen servicios deficientes.

Otra demostración de lo anterior se resume en el ejemplo siguiente: salga a la calle y pregunte a cualquier persona: que prefiere vd., mejor atención en los hospitales o una rebaja de impuestos? En realidad, no existe en España un clamor social contra los impuestos. Ni siquiera el Partido Popular se atreve en estos días a presentarlo como una de sus propuestas estrella. En el año 97, Tony Blair ganó las elecciones con un programa que propugnaba, no la bajada de impuestos, sino la mejora de las prestaciones públicas. Por decirlo más llanamente, la sociedad demanda más y mejores servicios, no superávit. Es inmoral presentar el superávit como algo positivo cuando las familias españolas declaran tener problemas para llegar a fin de mes o niveles de endeudamiento. Y si la izquierda es sensible a eso tiene todas las de ganar.

El superávit, por si sólo, no supone mejora alguna del bienestar. Es, en definitiva, un escenario en el que los gobiernos deben optar: o por mantener la situación actual, propio de gobiernos conservadores o bien dar un salto adelante. Además y, frente a la opinión pública, una mejora del Estado de Bienestar es fácilmente defendible. Sus programas, cuando son potentes y alcanzan a la mayoría de la población, gozan de amplia aceptación social, crean empleo y mejoran significativamente la calidad de vida de la población. Fue la construcción del Estado de Bienestar durante los 80 (entre otras cosas), la que creó un crédito entre la ciudadanía española que mantuvo al gobierno socialista en el poder durante más de una década. Ningún gobierno de izquierdas debería arriesgarse a perder ese crédito vanagloriándose de conseguir superávits presupuestarios. Hacerlo significaría fallar a millones de cuidadanos y cuidadanas. No lo permitamos.

Marcos Vidal y Paco Serrano